María San Gil y la encrucijada marianista

La salida de María San Gil de la primera línea política es, a mi juicio, más relevante que las ya conocidas de Zaplana y Acebes, aunque lógicamente toma mayor importancia sumada a las dos anteriores.

Y ello, porque no se trata de una salida causada por el desgaste en el ejercicio de la oposición o la búsqueda de un nuevo talante (perdón, no pude evitarlo) en el Parlamento ante la derrota electoral. No. Se trata de una cuestión de fondo que puede afectar a una de las esencias y principios propios de la derecha: la cuestión nacional.

El mantenimiento de la soberanía nacional y la integridad territorial son esenciales, en mi opinión, por tres razones:

  1. Por la existencia de una historia, una cultura, unos símbolos, una lengua y unas costumbres comunes;
  2. Porque compartimos unos valores propios de las democracias europeas y anglosajones que garantizan las libertades de las personas, frente a visiones excluyentes y étnicas nacionalistas o planificadoras e intervencionistas propias de la izquierda menos demócrata;
  3. Porque el Título Preliminar de la Constitución en sus artículos 1 y 2 dice que la soberanía reside en el pueblo español y que este marco legal se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación.

De estas tres razones la más clara y difícil de discutir es la 3). Respecto a la primera, se podrá argumentar -no sin razón- que hay ciudadanos que se identifican con una historia, símbolos, etc. diferentes (básicamente catalanes, vascos y gallegos). En cuanto a la segunda, desde la izquierda se dirá que los valores de la democracia occidental son los propios de la democracia burguesa y, por eso, no los compartan. Igualmente, desde el liberalismo más dogmático se discutirá que en base al concepto de nación el Estado no cesa de crecer y de ordenar nuestras vidas, y que los ciudadanos no tienen “valores comunes” más allá de del libre mercado. Bien, bueno. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de estas réplicas.  

Pero la tercera de las razones es, simple y llanamente, indiscutible. Se podrá estar a favor o en contra pero, en todo caso, habrá que seguir el procedimiento de reforma del Título Preliminar previsto en la Constitución. Porque lo contrario es volar por los aires un principio democrático más importante, incluso, que el derecho al voto. El principio de legalidad, que no es otro que la sujeción a las normas de todos, incluido el Gobierno, la Generalitat o el Lehendakari.

Pues bien, aunque sólo fuera por la tercera de las razones, el Partido Popular no debe permitir que mediante Leyes Orgánicas que aprueben estatutos y referendos populares, se acabe con el Título Preliminar de la Constitución. Si la izquierda y los nacionalismos quieren un cambio de régimen, adelante, pero que lo digan a las claras y con sujeción al procedimiento de reforma previsto. Si el Partido Popular con la esperanza de convertirse en un Partido “más simpático” y centrista, acepta la presente deriva, terminará acabando con uno de los principios que mantienen unido a su electorado y a sus votantes y a colaborar en el desmoronamiento de un elemento fundamental de cualquiera que crea en la democracia (pero la de verdad): el principio de legalidad.

Por todo ello, que María San Gil se aleja del discurso político imperante (por ahora) en el Partido Popular es una noticia que, a algunos, debe preocuparnos.

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